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Los asesinatos y ataques contra periodistas en México tienen el objetivo político de atacar las raíces de la vida democrática en el país, destaca el informe sobre Libertad de Expresión que en breve será presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El sufrimiento es generalizado, sin embargo, la violencia frecuentemente ha señalado a aquellos que son esenciales para contar la historia de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas’’, destaca la versión no editada del estudio, al que Apro tuvo acceso.

Ese informe, así como la respuesta del gobierno de Enrique Peña Nieto, serán presentados este martes 19 durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

Los Relatores Especiales piden al gobierno que remedie con urgencia las deficiencias del marco existente para la protección de los periodistas y aplique una estrategia más amplia y preventiva sobre su seguridad.

Ambos reconocen el enorme desafío que tienen las autoridades para enfrentar la violencia generalizada en México y la infiltración del crimen organizado en la vida pública, especialmente a nivel de municipios y estados.

“El crimen organizado ha generado maneras híbridas de interferir con el periodismo, generando división y desconfianza entre los periodistas y entre periodistas y funcionarios locales’’, cita el documento, y subraya que esto no solamente afecta el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho público a saber.

De igual manera, los expertos señalan que las amenazas y la intimidación constituyen la forma más extendida de los ataques contra comunicadores, además de las agresiones físicas, los secuestros y desapariciones forzadas. En estas últimas, la mayoría de las veces la víctima es asesinada.

También consideran que a pesar de la Ley General de Desapariciones aprobada recientemente y la existencia de un protocolo de investigación especializado sobre el tema, las indagaciones se inician con retraso, incluso cuando se identifica a los sospechosos. En ese sentido, hacen un llamado a las autoridades para que den prioridad al inicio inmediato de las investigaciones en tales casos.

Los relatores especiales exhortan al Estado a mostrar voluntad política y reforzar las medidas de seguridad, así como mejorar los mecanismos de protección para los comunicadores, especialmente para los que ya han sido amenazados.

Kaye y Lanza piden adoptar las reformas legales necesarias para garantizar una cooperación y coordinación efectivas entre los niveles federal y estatal para proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos.

“Mientras tanto, todos los estados deberían contar con unidades funcionales para coordinar e implementar de manera convincente las medidas de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos establecidas a nivel federal’’, sugieren.

Los funcionarios de la ONU y la CIDH recomiendan que los planes de contingencia en Chihuahua y Veracruz incluyan una participación efectiva de la sociedad civil, periodistas y autoridades federales y estatales, y garantizar la sostenibilidad de estos planes.

En su informe también llaman a identificar otras regiones y períodos de particular riesgo para los periodistas, especialmente en casos de protesta social o cambios políticos, y adoptar medidas adecuadas o nuevos planes de contingencia para prevenir dichos ataques.

El gobierno federal, subrayan, debe tomar medidas “para prevenir la repetición de crímenes contra periodistas en Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz, y promover políticas para restaurar la confianza pública entre los periodistas y los medios de comunicación de dichos estados, así como consultar regularmente a la sociedad civil”.

Asimismo, demandan “continuar fortaleciendo el Mecanismo Federal para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, y asegurar la implementación efectiva de sus decisiones y medidas’’.

Proponen que, para garantizar una implementación adecuada de las medidas de protección, “debe establecerse un sistema que incluya sanciones administrativas a los funcionarios públicos que hagan caso omiso de sus deberes y sea accesible para los beneficiarios”.

Y tras solicitar al gobierno que proporcione al Mecanismo Federal de Protección los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo su mandato, consideran que tal Mecanismo “debería, como mínimo, ser transparente acerca de su marco legal, sus reglas y procedimientos, sus políticas para la evaluación de riesgos, su presupuesto (asignado y gastado) y todos los datos necesarios para monitorear su implementación”.

En cuanto a la rendición de cuentas, Kaye y Lanza lamentan que en los últimos ocho años la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no haya podido contribuir de manera apreciable a terminar con la impunidad en México y reconstruir la confianza pública.

“Los relatores especiales están particularmente preocupados por la completa falta de progreso en las investigaciones sobre la desaparición de periodistas y en los casos más emblemáticos de asesinatos de periodistas”, critican.

Citando fuentes oficiales, puntualizan que de los 84 homicidios de periodistas cometidos en México desde 2010, la FEADLE se negó a ejercer jurisdicción en 37 casos al constatar que no estaban motivados por las actividades periodísticas de las víctimas.

En los 47 delitos donde la FEADLE encontró un vínculo con el trabajo de periodismo de las víctimas, hay 28 investigaciones pendientes, 16 han sido cerradas o suspendidas, y se han iniciado procesos penales en solo tres casos, precisa.

A lo largo de estos años, añade, el personal y la capacidad material de la Fiscalía han sido insuficientes. Entre 2014 y 2018, puntualiza, el presupuesto de la oficina se ha reducido en más de 50%, “socavando incluso los intentos más modestos de llevar a cabo el mandato legal de la oficina’’.

El documento también cuestiona la ausencia de un sistema único que obtenga y recopile datos sobre los ataques contra periodistas, y observa que los criterios y la metodología para obtenerlos difieren entre las instituciones federales y estatales.

“Los datos recopilados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentan una imagen catastrófica sobre la situación de los periodistas en México’’, remarcan los expertos.

En este sentido, el informe recomienda al Estado mexicano compilar y publicar estadísticas detalladas y desglosadas de los ataques contra periodistas y defensores de los derechos humanos, incluidos los datos relativos al enjuiciamiento penal de estos delitos.

Por otra parte, los expertos de la ONU y la CIDH exhortan al gobierno a prestar especial atención a los riesgos y amenazas experimentados por los periodistas desplazados e incluir medidas para un retorno seguro o, cuando sea inviable, la reintegración en una nueva comunidad.

Ambos organismos sugieren a las autoridades que en consulta con la sociedad civil y los expertos, modifiquen la ley que regula la publicidad oficial (Ley de Comunicación Social) para garantizar el cumplimiento de los principios y normas internacionales de derechos humanos.

Asimismo, consideran que los recursos publicitarios oficiales deberían asignarse de acuerdo con criterios preestablecidos, claros, objetivos y transparentes, y que se debería hacer cumplir la obligación legal de publicar proactivamente información relevante sobre los criterios de contratación, razones para asignar presupuestos, gastos y contratos de publicidad de las entidades públicas.

En cuanto al penoso y polémico caso de vigilancia a defensores, activistas y periodistas con el programa Pegasus, enfatizan que dicha investigación debe realizarse independientemente de los gobiernos federales y estatales que presuntamente compraron o utilizaron el software espía, y recomiendan la asesoría de expertos de organizaciones académicas y de la sociedad civil, tanto nacionales como extranjeros.

Mientras tanto, consideran que cualquier investigación en curso debe proteger a las personas de las interferencias arbitrarias y/o clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las fuentes periodísticas de acuerdo con los estándares internacionales en la materia.

“Deben establecerse garantías y supervisión judicial de las agencias estatales que participan en la vigilancia, dentro de las limitaciones permisibles de una sociedad democrática. México debería considerar la creación de un organismo independiente para supervisar eficazmente las tareas de vigilancia del Estado’’, valoran los expertos.

Otro de los puntos de preocupación es el de la diversidad de los medios y el pluralismo, por lo que recomiendan que se intensifiquen los esfuerzos para contrarrestar la concentración en los medios de comunicación, en particular en la radiodifusión y la televisión de paga.

De igual forma, invitan al Estado a que adopte medidas para ampliar el acceso de los pueblos indígenas a la radiodifusión comunitaria, incluso alentando el desarrollo, los recursos disponibles y que se siga fortaleciendo el acceso a la banda ancha en las zonas que carecen de acceso confiable.

En cuanto a la Ley de Seguridad Interior, ambos relatores instan al Estado a “derogar la ley en su versión actual, y en su lugar iniciar un diálogo abierto e integral sobre el modelo de seguridad que necesita el país, reafirmando el papel de los organismos de seguridad civil para abordar los problemas de seguridad pública’’.

“Ninguna ley que contravenga los poderes dados a las autoridades relacionadas con el acceso a la información o los estándares sobre acceso a la información en casos de graves violaciones de derechos humanos debería ser aprobada”, advierte el informe.

Finalmente, los expertos de la ONU y la CIDH dedican un espacio en el que exponen sus preocupaciones y recomendaciones respecto de la libertad de expresión y la manifestación en el contexto del proceso electoral.

“Con las próximas elecciones programadas para julio de 2018, a nivel nacional, estatal y municipal, las más extensas en la historia de México, se debe prestar especial atención a garantizar que las personas puedan reunirse y protestar sin riesgo para su integridad personal, sin requisitos burocráticos desproporcionados y que las fuerzas policiales estén adecuadamente capacitadas para controlar grandes reuniones’’, recomiendan.

En este sentido, muestran su alarma por una serie de proyectos de ley y leyes que se han presentado a nivel federal y estatal (incluso en Jalisco, Ciudad de México, Quintana Roo y San Luis Potosí).

“En particular, estas regulaciones tienen disposiciones que permiten el uso de armas letales en el perímetro cercano de las protestas, imponen una serie de obstáculos administrativos que de hecho restringen los derechos en cuestión y aumentan las penas para aquellos que cometen ciertos delitos dentro de las protestas. Estos aspectos deben, con carácter de urgencia, revisarse para garantizar la conformidad con las normas internacionales de derechos humanos’’, recalcan.

Kaye y Lanza subrayan la importancia del periodismo en el contexto de las elecciones, en particular porque es una condición para el derecho del público a la información y la posterior participación política en el proceso electoral.

“Como resultado de esta función, los periodistas se encuentran en medio de un interés competitivo y es probable que se conviertan en blanco de amenazas y ataques físicos tanto por parte de los actores políticos como de los actores no estatales”, destacan.

En ese sentido, los Relatores Especiales piden al gobierno “que anime públicamente la divulgación completa y eficiente de la información de los periodistas que cubren el proceso electoral’’.


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